Rechazo a la multa de 500.000 euros impuesta a la televisión comunitaria La Tele

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) rechazan la sanción impuesta por la Generalitat catalana al medio comunitario La Tele de Barcelona, solicitan su retirada e instan a esta administración a hacer legal lo que ya es real.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReCM) denuncian el abuso cometido por el Gobierno de la Generalitat y la Direcció General de Mitjans de Comunicació al obligar a la televisión comunitaria La Tele (ubicada en Batrcelona y gestionada por la entidad sin ánimo de lucro Assemblea per la Comunicació Social) a cesar en sus emisiones, además de resolver el precintado de sus equipos y sancionarla con 500.001 euros.
http://latele.cat/En el año 2005 se aprobó en Cataluña una ley pionera en el Estado que reconocía por primera vez al Tercer Sector de la Comunicación Audiovisual (Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya), en la que se prevé el desarrollo de este sector. En 2010 se aprobó en el Congreso la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en la que se reconoce por primera vez a los proyectos de comunicación sin ánimo de lucro a nivel estatal y en donde la Administración central se compromete a reservar una parte del espectro radioeléctrico para este tipo de medios.

Han transcurrido ya diez años desde la aprobación de la ley catalana y cinco de la estatal y, en vez de desarrollar esas previsiones legislativas, lo que se está haciendo es imponer sanciones (primero a Radio Nava, en Asturias, y ahora a La Tele). Esta actuación demuestra que no existe voluntad política de los gobiernos central y catalán para solucionar la situación irregular de los medios de comunicación comunitarios. En todo este tiempo ambos ejecutivos han ignorado el marco legislativo agrediendo a estos medios con amenazas de cierre y multas desproporcionadas que no se corresponden con los gastos de explotación de esta parte del sector audiovisual, el más deprimido económicamente y a la vez el más garante de la libertad de expresión y comunicación de la ciudadanía.

Sorprende que, al mismo tiempo que la Generalitat imponía esta sanción, el Parlamento catalán haya aprobado una propuesta de la CUP para “hacer efectivo el mandato de la Ley de Comunicación Audiovisual de Catalunya que atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de fomentar iniciativas orientadas al desarrollo de la actividad audiovisual sin ánimo de lucro.” Y también para “impulsar iniciativas orientadas a la constitución de asociaciones de las entidades que desarrollan una actividad audiovisual sin ánimo de lucro”.

A pesar de esto, se pretende castigar a la Assemblea per la Comunicació Social por su proyecto La Tele, activa desde el año 2003, por emitir sin el título que habilita para ello y que ambos gobiernos niegan continuamente a estos medios.

La FeSP y la ReMC reclaman a la Generalitat que retire la sanción y, junto a todas las fuerzas políticas, aproveche la reforma de las leyes audiovisuales para hacer legal en la práctica lo que desde hace mucho tiempo es legal en la teoría: la voluntad de sectores de la ciudadanía de hacer efectivo el derecho constitucional a la información y a la comunicación reconocido en el artículo 20.

Estas dos organizaciones apoyan a los compañeros y compañeras de la Assemblea per la Comunicació Social y los animan a resistir frente a estas medidas represivas y anacrónicas, preservando el derecho a la información de la ciudadanía en el siglo XXI.

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